Delito-contra-el-honor

Derecho al honor ficheros de morosidad

Derecho al honor por inclusión
indebida a un fichero de morosos

El daño moral por inclusión de morosos es un delito que no admite condenas simbólicas, según el Tribunal
Supremo.
En abril de 2016, el Tribunal Supremo sentenció mediante Rec 2659/2016 y el análisis de la vulneración contra el honor de
derechos fundamentales, entre los que se encuentra el derecho al honor, con una indemnización en primera
instancia para una consumidora que demandó a la entidad France Telecom España (Orange) por haberla
incluido en dos ficheros de morosos. Es una sentencia que luego se reduce por apelación por un delito contra el honor
Los antecedentes
La demanda que interpuso la consumidora se apoya en el reclamo de la protección de sus derechos
fundamentales, específicamente en su derecho al honor, donde solicitó que fuese indemnizada con 7.000
euros por supuestos daños morales y que además, se ejecutarán los actos y documentos necesarios para que la
excluyeran de los ficheros de morosidad en los que la habían incluido.
En ese sentido, el Juzgado de Primera Instancia admitió la demanda y condenó a la empresa a lo reclamado y
ordenó los actos y comunicaciones que se requerían para que la demandante fuese excluida del fichero ASNEF-
Equifax
por su deuda. El cálculo de la indemnización atendió a la falta de certeza de la deuda y de su
permanencia en el tiempo de los datos del registro.
Pero, dicha sentencia de la Audiencia en Oviedo que se celebró el 17 de junio de ese mismo año mediante Rec
190/2016, estimó de manera parcial el recurso que interpuso Orange y modificó la cuantía de indemnización por un derecho al honor
fijándola en 2.000 euros, ya que tomó en cuenta otra sentencia que la sala dictó el 01 de junio de 2016, donde
se indicó que la cuantía no era simbólica.
Un delito que no admite indemnizaciones simbólicas
Es importante dejar claro que la Sala Civil indica que la fijación de cuantías de las indemnizaciones por
resarcimiento de afectaciones morales, en procedimientos de este topo es competencia de los tribunales de
instancia según su jurisprudencia y que la decisión al respecto debe respetarse a menos que no se atendiese a
los criterios que son establecidos por la LO 1/82 en su artículo 9.3.
La Sala de lo Civil revisa la legislación y jurisprudencia, señalando en primer lugar que la inmovilización de la
cuantía de las indemnizaciones por reparación de daños a la moral en este tipo de actos es responsabilidad de
los tribunales de instancia, y su decisión ha de acatarse en casación al menos que «no se hubiera
responsabilizado a los criterios que establece el art. 9.3 LO 1/82.
En este artículo se dispone la que dicha indemnización se extiende al daño moral y valora las circunstancias de
cada caso y también, la gravedad de la lesión producida, para lo que tiene en cuenta tanto la difusión como el
medio por donde se haya producido.
Es una valoración o apreciación que se fija en relación con la incidencia en cada caso y las circunstancias
relevantes para aplicar los parámetros con criterios de prudencia arbitraria.

También, indica que no se admiten que se fijen indemnizaciones simbólicas, dado que se protegen derechos
reales y efectivos establecidos por la CE y con la indemnización solicitada presenta la garantía jurisdiccional en
un acto no compatible con la CE y por lo tanto, se exige una reparación acorde con los valores e intereses que
están en juego en estos casos.
Hay que recalcar que la cantidad o cuantía de la deuda no disminuye la importancia del daño moral contra los
agraviados y no se justifica la disminución de la cuantía, en Audiencia Provincial.
Por qué se produce un daño moral
Es por ello, que incluir los datos de una persona en un registro de morosidad sin que se cumplan con todos los
requisitos que exige la LOPD, es una situación indemnizable, porque afecta a la dignidad en su aspecto interno
o subjetivo y del mismo modo, afecta en el aspecto externo o relativo a la consideración de las demás
personas.
Indica que no es igual que sólo conozcan de las deudas de una persona los empleados de determinada empresa
acreedora y los trabajadores de los registros de morosos que organizan los distintos ficheros de morosos, que
un dato sobre un deudor que se comunique a un número mayor asociados al sistema financiero de España.
La Sala de apelación razonó que la indemnización que se fijó no era simbólica y que no encuentra más dato
para aminorar la indemnización. No existe argumento para disminuirla, cuando se han incluido datos sobre una
deuda pequeña en un registro de morosos, supone de igual manera, una intromisión ilegítima del derecho al
honor y tiene una trascendencia considerable, no es una controversia de solvencia sino una actuación indebida
del prestamista.
Cuando se ha dejado de cumplir con los pagos de sus créditos, la inclusión en registros de morosos de pequeña
cuantía es correcta, dado el fin de informar sobre la situación del deudor porque quienes consultan el registro
suponen de manera legítima que el acreedor cumple con las exigencias y calidad de los datos.
Pero, la Sala razona que la cuantía baja de una deuda no disminuye lo importante del daño moral que le causan
a la demandante que incluyen en registros de morosos y que esta inclusión le impide acceder a ciertos servicios
y préstamos.
La información sobre el incumplimiento de los compromisos de pago que se incluyen en listas de morosos, se
destina a las empresas asociadas a los ficheros y que solo se comunican datos de morosos, pero también, son
listados que revisan para contratar o aprobar créditos solo a quienes cumplen con sus obligaciones crediticias.
Las empresas que conceden servicios, suministros y facilitan créditos consultaron el fichero de la empresa
demanda, porque se afectó a una cliente cumplidora de sus obligaciones y solvente. Es decir, dichos registros
de morosos son usados por las empresas asociadas para denegar financiación, denegar suministros y
prestaciones continuadas, a quienes no demuestren confiabilidad, por haber incumplido con sus obligaciones
dinerarias.
La cuantía que se establece como indemnización considerada como la más adecuada para garantizar los
derechos fundamentales de una persona no puede calificarse como simbólica e incluso, puede obtenerse una
indemnización de hasta 12.000 euros por un delito contra el honor cuando se considera como la más adecuada por la audiencia al derecho al honor.

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