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La ley de segunda oportunidad

Cómo acogerse a la Ley de Segunda
Oportunidad
La Ley de Segunda Oportunidad o Ley 25/2015, de 28 de julio, es un instrumento legal que ofrece la
oportunidad a particulares y autónomos de aligerar su carga financiera mientras atraviesan una grave situación
económica, permite a los deudores que se encuentran en una situación financiera insostenible renegociar sus
deudas, e incluso lograr la exoneración de una parte de ellas.
Esta ley, inspirada en principios éticos, permite negociar la manera en que pueden ser saldadas las deudas,
tratando en todo momento de salvar el cobro de cada acreedor, en caso de que no se alcance ningún acuerdo,
un juez se encargará del dictamen, pudiendo incluso cancelar o exonerar de tales compromisos al deudor; si se
trata de un particular, el caso deberá resolverse en un juzgado de primera instancia.
¿Cómo funciona y qué beneficios se obtienen con la Ley
de Segunda Oportunidad?
Gracias a esta ley las personas que tienen deudas muy altas o que no pueden pagar actualmente tienen la
posibilidad de alcanzar un acuerdo de pago de pago acorde a su disponibilidad económica, si no logran este
acuerdo pueden solicitar el Beneficio de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) que es equivalente a la
cancelación del total de sus deudas.
Lo que convierte a la Ley de Segunda Oportunidad es un herramienta fundamental para toda persona física que
esté afrontando una situación de quiebra económica que le impide afrontar el pago de sus deudas. Para poder
ser cubierto por esta ley se deben cumplir varios requisitos, además es fundamental contar con un historial
crediticio adecuado.
Antes de intentar la vía judicial, es necesario agotar las vía extraoficial es decir la negociación con los deudores,
si no se logra alcanzar un acuerdo que para devolver el dinero, considerando las condiciones básicas del
deudor, entonces se puede acudir a esta vía.
¿Qué beneficios se obtienen?
Los particulares o autónomos pueden obtener importantes beneficios al ser amparados por este instrumento
legal, entre ellos:
● Las personas que se encuentran en serias dificultades financieras no tienen que afrontar las deudas con
su patrimonio actual o futuro, es decir con sus bienes muebles e inmuebles o sus ingresos.
● Pueden volver a solicitar financiación.
● No son incluidos en listados de morosidad y de estarlo se elimina su historial.
● Pueden volver a ser titulares de tarjetas de crédito.
● Pueden iniciar una nueva etapa económica.
¿A quienes ampara esta ley?
La Ley de Segunda Oportunidad ampara fundamentalmente a personas físicas (particulares y autónomos), su

nombre indica que pueden comenzar de nuevo quienes se acogen a ella. No obstante para ello deben cumplir
los requisitos que establece para poder iniciar el proceso:
● Demostrar que no se cuenta con el patrimonio necesario para hacer frente a las deudas legítimamente
adquiridas, o que el patrimonio ya se ha liquidado.
● El total de las deudas adquiridas no puede superar los cinco (5) millones de euros.
● Buena fe del deudor o deudores.
● Ceder bienes y activos a excepción de lo que se consideran imprescindibles para el desarrollo de
actividades profesionales, como por ejemplo, camiones, maquinaria industrial o agrícola, oficinas,
locales comerciales, taxis, etc.
● Luego de liquidar los bienes del deudor, se procede a solicitar la cancelación o exoneración de las
deudas ante el juzgado que corresponda.
Sobre la buena fe del deudor
Para poder iniciar el proceso el deudor debe demostrar que ha actuado de buena fe para ello:
● Debe haber intentado llegar a un acuerdo extrajudicial con el acreedor o acreedores.
● No debe haber acudido a las instancias de la Ley de Segunda Oportunidad en los anteriores 10 años.
● El deudor, en el caso de los autónomos, no puede haber sido declarado culpable de ningún delito social
o económico.
● El deudor no puede haber sido condenado por delitos contra el patrimonio en los últimos 10 años.
● El deudor no puede haber rechazado una oferta de empleo, adecuada sus capacidades en los últimos 4
años.
¿Cómo se desarrolla el procedimiento?
La Ley de Segunda Oportunidad exige se agote la vía extrajudicial antes de poder solicitar el beneficio de
exoneración de deudas. El acuerdo extrajudicial consiste en realizar una reunión entre deudor y acreedor o
acreedores para intentar renegociar las condiciones de pago de la deuda.
Este acuerdo es tutelado por un juez, existe la posibilidad que se asigne un mediador concursal que facilite
alcanzar un posible acuerdo. El mediador debe ser asignado por el notario, a través del cual se hizo la solicitud
de amparo de la Ley de Segunda Oportunidad.
Este proceso de acuerdo a lo establecido en la Ley puede tener una duración máxima de dos meses, en caso de
lograr un acuerdo este debe incluir un plan y un calendario de pagos que permitan al deudor hacer frente a los
compromisos de pago adquiridos.
El objetivo del acuerdo extrajudicial es brindar a los acreedores posibilidad de recibir el pago en un futuro
próximo.
Fase del concurso consecutivo
Si no se logra alcanzar el acuerdo, se pasa a la fase del concurso consecutivo, durante esta fase el juez puede
ordenar la exoneración del 100% de la deuda. Los acreedores están en su derecho de solicitar que el BEPI sea
revocado si se detecta alguno de estos hechos:
● Existencia de bienes o ingresos que han sido ocultados por el deudor
● Mejoras en la situación económica del dudar, que le permitan hacer frente a las deudas adquiridas.
● Incumplimiento del plan de pagos.

¿Son canceladas todas las deudas?
La Ley de Segunda Oportunidad no puede eliminar todas las deudas, quedan excluidas las deudas contraídas
con Hacienda y con la Seguridad Social, las deudas que haya adquirido el deudor tampoco podrán ser
exoneradas.
Las hipotecas tampoco entran en el marco de acción de la Ley, sin embargo aunque la legislación española
establece que si no se obtiene el capital necesario para saldar una hipoteca luego de vender la vivienda, la
cantidad restante se mantiene como deuda.
La Ley de Segunda Oportunidad pone fin a este tipo de situaciones, ya que el 100% de la deuda se considera
cancelado al aplicar una dación en pago de facto, es decir luego de entregada la vivienda, el deudor puede ser
exonerado del pago del monto que le resta pagar de la hipoteca a que está sujeto dicho inmueble.

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